El pasado 18 de mayo se publicó el Real Decreto 333/2023, de 3 de mayo, el cual introduce modificaciones significativas al Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regulaba la concesión y utilización del distintivo «Igualdad en la Empresa».
Dentro de las novedades incluidas en el decreto, se establecen dos categorías distintas de empresas que pueden optar al distintivo. Por un lado, están aquellas entidades o empresas que tienen una obligación legal de implementar un Plan de igualdad, mientras que por otro lado se encuentran aquellas que no tienen esta obligación. En cada caso se especifican los requisitos correspondientes que deben cumplir.
Además, se concede una mayor importancia a la representación legal de las personas trabajadoras. Ahora, las empresas o entidades que deseen obtener el distintivo deben contar con una declaración de respaldo firmada por la representación legal de las personas trabajadoras o, en caso de no tener esta representación, por la mayoría de la plantilla.
Otro requisito fundamental es presentar un informe de seguimiento que cubra un período mínimo de dos años, evaluando las medidas de igualdad implementadas. Asimismo, se exige disponer de un protocolo para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, adaptado a la normativa actual, incluyendo la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
En el caso de las sociedades que no pueden presentar un balance abreviado y que cuentan con un consejo de administración, se establece la necesidad de una representación equilibrada de hombres y mujeres en dicho consejo. Esto implica que cada sexo no puede superar el 60% ni ser inferior al 40%. Aquellas empresas que no cumplan con este requisito, pero deseen obtener el distintivo, deberán contar con una presencia mínima de mujeres del 30% en el consejo de administración y tendrán un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor del real decreto para alcanzar el 40%.
Por último, se estipula que la certificación «Igualdad en la Empresa» tendrá una validez de cinco años, y se requerirá presentar un informe de seguimiento a los dos años de su concesión.
Estas nuevas medidas buscan promover la igualdad de género en el entorno laboral y reconocer a las empresas que se comprometen de manera activa con políticas y acciones concretas en este ámbito.