El canal de denuncias interno no solo es una obligación sino que es una oportunidad de mejorar la igualdad de oportunidades y eliminar violencias dentro de nuestra empresa. Te contamos todo lo que debes saber sobre la directiva Whistleblowing contra el acoso.
Dentro del cumplimiento normativo para empresas, la entrada en vigor de la Directiva Whistleblowing es una pieza esencial en el ámbito laboral, puesto que obliga, entre otros puntos, a habilitar un Canal de Denuncias interno. En concreto, en España, esta directiva se materializó en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, publicada en el BOE del 21 de febrero de 2023.
De esta manera, nuestro país y las empresas de más de 50 empleados/as dan un paso adelante para promover la transparencia, la ética y el respeto en el ámbito laboral. El objetivo principal es asegurar que cualquier persona trabajadora tenga una forma de revelar posibles infracciones o irregularidades que puedan estar ocurriendo en la empresa. Siempre de manera confidencial (no confundir con anónima) para que las posibles represalias no sean un obstáculo para el denunciante (whistleblower, en inglés).
Además, esta directiva implica que el canal para hacer las denuncias debe ser fácil de acceder, que las denuncias presentadas serán estudiadas con rigor y que servirán para que la empresa mejore. También representa una oportunidad de adelantarse a los problemas que puedan surgir en una fase muy temprana, generará una cultura de confianza en la empresa y cumple el compromiso de la institución de acatar las leyes.
Todo esto, ¿cómo se traduce en más igualdad? Aunque la directiva Whistleblowing está pensada para muchos problemas (como la corrupción o los fraudes), no cabe duda que responde a problemáticas relacionadas con la Igualdad. El acoso, ya sea laboral o sexual, la discriminación por sexo o por orientación sexual o un comportamiento machista en el seno de la empresa son también cuestiones a abordar en el canal de denuncias internas. Todo constituyen lo que la ley denomina “informaciones sobre acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave”.
En cuanto a los canales para las denuncias, la directiva Whistleblowing establece que estos pueden ser digitales y telemáticos, telefónicos, por correo postal o cualquier otro medio de comunicación equivalente, como un software propio, una app o web. Todos ellos deben operar bajo los preceptos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Para garantizar que estas denuncias no caigan en caso roto, la directiva Whistleblowing establece plazos y condiciones:
- Siete días máximo para responder acuse de recibo al denunciante.
- Tres meses máximo para informar al denunciante acerca de cualquiera de las medidas adoptadas, basándose en los resultados extraídos de la investigación interna.
- Nombrar a una persona responsable dentro de la empresa del canal de denuncias y su correcto funcionamiento.
- Informar a las autoridades competentes de manera clara de las denuncias que se están investigando, sobre todo si éstas responden a posibles infracciones o delitos penales.
Por último, cabe recordar que la ley española prevé penas máximas de 300.000 euros en el caso de las personas físicas y de hasta un millón de euros para las personas jurídicas que obstaculicen o impidan el funcionamiento del canal de denuncias o tomen represalias contra los denunciantes.