Según un estudio, solo el 50% de las empresas cuenta con un protocolo pese a que están obligadas por ley.
La implementación de acciones para combatir la desigualdad y la discriminación en el ámbito laboral avanza de forma más lenta de la deseada en España. Aunque la ley exige a las empresas contar con protocolos contra el acoso laboral, solo la mitad de ellas asegura tener uno, según el informe anual de InfoJobs. Esta cifra apenas ha aumentado un punto en comparación con el año anterior, y se contrasta con el dato de que, según CCOO, el 24% de las mujeres ha experimentado acoso sexual en algún momento de su carrera.
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, InfoJobs ha actualizado su informe sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral. Aunque persisten importantes carencias, se destaca que la medida más comúnmente adoptada para combatir la discriminación laboral es el protocolo contra el acoso. Actualmente, el 50% de las empresas lo ha implementado, seguido de otras medidas como la garantía de igualdad salarial (44%) y la formación en igualdad de género (39%). No obstante, el informe alerta de que, comparado con años anteriores, ha disminuido la implementación de diversas medidas.
¿Son realmente efectivos los protocolos?
Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, ha señalado que, en general, los protocolos funcionan bien cuando se activan. Sin embargo, advierte que siguen siendo herramientas poco conocidas y que su aplicación no siempre es fácil. Para garantizar su transparencia, Vidal resalta la importancia de que las comisiones de investigación sobre acoso en las empresas cuenten con la representación de los trabajadores, lo que aseguraría un proceso más justo y objetivo.
Uno de los problemas clave es que muchas empresas aún se resisten a implementar estos protocolos. Según Vidal, esto se debe a una cultura patriarcal que tiende a ocultar el problema del acoso laboral. Además, algunos sectores empresariales rechazan la participación de observadores externos en estos procesos, lo que dificulta el seguimiento de los casos y deja a las trabajadoras afectadas en una situación vulnerable.
Un protocolo sin registro oficial
Desde 2007, la legislación española exige a las empresas contar con protocolos contra el acoso, pero, a diferencia de los planes de igualdad, no existe un registro oficial en el que deban inscribirse. Carolina Vidal ha pedido que se implemente un sistema de registro obligatorio, ya que cree que los datos oficiales ayudarían a visibilizar el problema y mejorar las políticas de igualdad. «En este país, cuando tenemos datos concretos, le damos más importancia», subraya la representante de CCOO.
El informe de InfoJobs también revela que la implementación de medidas de igualdad varía según el tamaño de la empresa. Las grandes y medianas empresas suelen aplicar cuatro o más medidas, mientras que en las microempresas solo una de cada cuatro adopta alguna acción específica.
A pesar de los avances, la percepción de los trabajadores sobre estas medidas sigue siendo crítica. Según la encuesta de InfoJobs, menos de la mitad de los empleados (48%) considera que los protocolos y medidas son eficaces, mientras que un 34% no tiene una opinión clara y un 18% cree que no funcionan. Además, la efectividad percibida disminuye en las empresas más pequeñas, donde la aplicación de estos protocolos es menos frecuente y rigurosa.
Los casos de Cataluña y Castilla y León
En estas fechas también se ha conocido un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona al respecto. Según datos recopilados por el organismo tras entrevistar a 2.343 empresas ubicadas en Catalunya, el 22% de las mismas reconocía carecer de un protocolo contra el acoso en el trabajo. Algo que es manifiestamente ilegal, ya que todas las empresas, tengan el tamaño que tengan, están obligadas por ley a tener uno. Y si tienen 50 o más empleados, deben incluirlo dentro de su plan de igualdad. También constata que el teletrabajo se ha impuesto como una medida de conciliación para parte de los trabajadores y, en esa lógica, la acaban utilizando más las mujeres.
De la misma manera, un informe realizado por el Consejo de Cámaras de Comercio revela que casi cuatro de cada diez empresas de Castilla y León no dispone de un protocolo obligatorio de actuación en caso de producirse situaciones o conductas de acoso sexual o por razón de sexo. El estudio, en el que han participado 345 empresas, muestra que el 61,70% de estas entidades sí cuentan con un plan estratégico que garantiza la sostenibilidad económica de la empresa a medio y largo plazo y que incluye aspectos sociales y ambientales o bien que tienen previsto mejorarlo a corto plazo frente a un 13,3% que afirman no tener previsto abordar este tema.
Aunque la presencia de protocolos contra el acoso ha aumentado levemente en España, su implementación sigue siendo insuficiente. La falta de un registro oficial, las resistencias de las empresas y la percepción de ineficacia entre los empleados son obstáculos que dificultan la eliminación de la discriminación laboral. La exigencia de mayor control y transparencia en la aplicación de estas medidas se presenta como un desafío clave para garantizar un entorno laboral seguro y equitativo para las trabajadoras.
