El acoso laboral es actualmente un problema social que requiere la atención de todos los sectores públicos y privados: gobiernos, administraciones, empresas, organizaciones, asociaciones y ciudadanía en general.
Según un estudio, solo el 50% de las empresas cuenta con un protocolo pese a que están obligadas por ley.
La Ley de Igualdad 3/2007 y su Real Decreto 901/2020 señalan que todas las empresas o trabajadoras autónomas empleadoras, independientemente del número de personas trabajadoras que tengan a su cargo, han de contar con un Protocolo de Acoso Laboral.