La reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales en la normativa estatal podría suponer un avance significativo en materia de derechos laborales y equidad social. Así se ha confirmado ya en convenios colectivos en los que se ha reducido la jornada y se espera que pase a nivel general. Aunque beneficiaría al conjunto de las personas trabajadoras, sus efectos positivos son especialmente relevantes para las mujeres y los trabajadores más precarios. Disminuir el tiempo de trabajo sin pérdida salarial mejora las condiciones de vida, promueve la corresponsabilidad y permite redistribuir el tiempo y el empleo de forma más justa.
Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados, lo que limita su disponibilidad para el trabajo remunerado y su desarrollo profesional. Esta situación las empuja con frecuencia hacia empleos a tiempo parcial o con jornadas reducidas, muchas veces no por elección sino por necesidad. Una reducción generalizada de la jornada laboral permitiría que más mujeres accedan a empleos de jornada completa sin que ello implique sacrificar su tiempo personal o familiar, facilitando así una mayor equidad entre géneros.
Beneficios de la reducción de la jornada laboral
Además, esta medida puede contribuir directamente a reducir la brecha salarial de género, no solo al mejorar las condiciones laborales, sino también al aumentar el salario por hora en sectores altamente feminizados y precarizados, tal y como indican CCOO y UGT. En muchos casos, las mujeres ocupan puestos en sectores como los cuidados, la limpieza o el comercio, donde se trabaja muchas horas por salarios bajos. Si se reduce la jornada sin reducir el salario mensual, el valor de cada hora trabajada aumenta, lo que dignifica estos empleos y mejora el poder adquisitivo de quienes los ocupan, mayoritariamente mujeres.
La medida también tiene un impacto positivo en términos de salud física y mental, productividad y cohesión social. Contar con más tiempo fuera del trabajo permite participar en la vida comunitaria, descansar adecuadamente, cuidar a otras personas o incluso formarse. Las mujeres, históricamente con menos tiempo libre, podrían así recuperar parte del tiempo que han destinado de forma no remunerada a tareas invisibilizadas por el sistema laboral.
En conclusión, reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales no es solo una mejora técnica en la organización del trabajo, sino una herramienta potente para combatir desigualdades estructurales. Al aumentar el salario por hora en trabajos precarios y feminizados, y al facilitar la conciliación, esta medida contribuye a cerrar brechas de género y a construir un modelo laboral más justo, inclusivo y sostenible.
