El cálculo de la huella de carbono es un aspecto clave en la responsabilidad ambiental de las empresas, especialmente en un contexto donde las regulaciones en torno a la sostenibilidad son cada vez más estrictas. Sin embargo, no todas las compañías están obligadas a realizar este cálculo. La normativa varía según el tamaño de la empresa, el sector en el que opera y los volúmenes de emisiones que genera.
Este artículo te proporcionará una guía completa sobre qué tipo de empresas deben cumplir con esta obligación, destacando las normativas actuales y las mejores prácticas para llevar a cabo el proceso. Desde grandes industrias hasta pequeñas empresas, conocer la huella de carbono es crucial para alinearse con las políticas medioambientales y reducir el impacto climático.
¿Qué es la huella de carbono y cuál es su importancia para el cambio climático y la implementación de políticas empresariales sostenibles?
La huella de carbono cuantifica la cantidad de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, emitidos directa o indirectamente por las actividades de individuos, organizaciones o productos. Su importancia es crucial en la lucha contra el cambio climático, ya que proporciona un marco para identificar las principales fuentes de emisiones y establecer estrategias de mitigación efectivas.
Al calcular la huella de carbono, las empresas pueden no solo cumplir con normativas ambientales, sino también mejorar su eficiencia operativa y reducir costos. Además, esta práctica fomenta una mayor transparencia y responsabilidad social, lo que puede fortalecer su reputación ante consumidores cada vez más conscientes de las cuestiones ambientales.
La implementación de políticas empresariales sostenibles a través de la medición y reducción de la huella de carbono no solo contribuye a un futuro más sostenible, sino que también crea una ventaja competitiva en un mercado que valora cada vez más la sostenibilidad.
¿El cálculo de la huella de carbono es obligatorio en nuestro país?
La huella de carbono organizacional mide los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por las actividades empresariales, tanto de manera directa como indirecta. Aunque antes su cálculo era voluntario en España, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, sobre cambio climático y transición energética, ha establecido la obligatoriedad para algunas empresas.
Además, aquellas que estén obligadas deberán desarrollar y publicar un plan de reducción de emisiones de GEI, buscando minimizar su impacto ambiental en el marco de la nueva normativa.
Las especificaciones sobre la obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono están detalladas en la modificación del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, que establece el registro de huella de carbono, la compensación y los proyectos de absorción de dióxido de carbono.
¿Qué tipo de empresas tienen la obligación de calcular su huella de carbono?
Las empresas sujetas a la Ley 11/2018 deben calcular anualmente la huella de carbono de su organización y diseñar un plan para reducirla. Esto implica que las compañías que cumplan con ciertos criterios establecidos por la ley estarán obligadas a realizar dicho cálculo y desarrollar estrategias de reducción de emisiones. Estos son:
- Que la media de empleados del grupo durante el año sea superior a 500 trabajadores.
- Que sean consideradas entidades de interés público según la legislación de auditoría de cuentas, o que durante dos años consecutivos cumplan (al cierre del ejercicio) al menos dos de las siguientes condiciones:
- Que el total del activo consolidado sea superior a 20.000.000 €.
- Que la cifra de negocio consolidada anual supere los 40.000.000€.
- Que la media de empleados durante el año sea mayor a 250.
Estas obligaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2025 y se aplicarán al cálculo de la huella correspondiente al año 2024.
¿Qué Comunidades Autónomas requieren el Cálculo de la Huella de Carbono de forma obligatoria?
Los puntos indicados anteriormente se aplican en España a nivel nacional. Sin embargo, los requisitos pueden variar en el ámbito autonómico. A continuación, mostramos varios ejemplos:
- En las Islas Baleares (Decreto 48/2021 – vigente desde 2023), se requiere que las empresas con 50 o más empleados y/o aquellas que facturan más de 10 millones de euros anuales realicen el cálculo de la huella de carbono, siempre que operen parcial o totalmente en las Baleares.
- En Navarra (Ley Foral 4/2022 – vigente desde 2024), se exige a las empresas calcular su huella de carbono, incluyendo a las explotaciones agrícolas y ganaderas que operan en la comunidad foral.
- En la Comunidad Valenciana (Ley 6/2022 – en vigor desde 2025), las grandes y medianas empresas deberán calcular y certificar su huella de carbono, así como implementar un plan de reducción de emisiones en el desarrollo de sus actividades.
- En el País Vasco (Ley 1/2024 – en vigor desde 2025), se establece la obligación de calcular la huella de carbono y desarrollar un plan de reducción para diversas entidades, incluyendo administraciones públicas, explotaciones ganaderas, actividades agrícolas, forestales y pesqueras, instalaciones de gestión de residuos, tratamiento de agua, así como establecimientos industriales y de ocio y turismo, y subsectores del sector servicios.
- En Andalucía (Ley 8/2018), las empresas que consumen más de 1 GWh al año están obligadas a calcular la huella de carbono de su organización.
¿Cómo se calcula la huella de carbono?
El cálculo de la huella de carbono se fundamenta en estándares internacionales, como el GHG Protocol. Para determinar las emisiones, se multiplica el consumo de actividad por un factor de emisión específico, que varía según el combustible, tipo de energía o actividad considerada. Así, la fórmula general para el cálculo se resume en esta relación:
Huella de carbono = Dato Actividad x Factor Emisión
Durante el ciclo de vida de un producto o servicio, se pueden identificar varias etapas que requieren energía y generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
En cada fase, hay personas u organizaciones responsables de medir y gestionar el consumo de energía y las emisiones generadas. Así, dentro de estas, las producidas en una etapa específica se consideran directas, mientras que las emisiones asociadas a otras fases se consideran indirectas, ya que no están bajo el control inmediato de la persona o empresa involucrada.
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Además, el usuario recibirá un informe detallado sobre sus emisiones, acompañado de propuestas para optimizar la eficiencia energética. De esta manera, las organizaciones no solo podrán contribuir a la sostenibilidad, sino también ahorrar en su factura energética.